Política de género feminista en gobiernos de la izquierda democrática

En los últimos dos años, Chile, Colombia y Brasil pasaron a contar con gobiernos progresistas con fuerte impronta de la izquierda democrática. Gabriel Boric asumió el gobierno de Chile en marzo de 2022, en agosto del mismo año asumió Gustavo Petro en Colombia y en enero de 2023 fue la vez de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Los tres se impusieron sobre candidaturas conservadoras y hasta de extrema derecha.

Un informe de Didice Godinho Delgado (LAF Berlín) | 20/10/2023

En los últimos dos años, Chile, Colombia y Brasil pasaron a contar con gobiernos progresistas con fuerte impronta de la izquierda democrática. Gabriel Boric asumió el gobierno de Chile en marzo de 2022, en agosto del mismo año asumió Gustavo Petro en Colombia y en enero de 2023 fue la vez de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Los tres se impusieron sobre candidaturas conservadoras y hasta de extrema derecha.

En el evento virtual del LAF Berlín “Participación de las mujeres y política de igualdad de género en los gobiernos de Chile, Colombia y Brasil”, realizado en cooperación con la Fundación Friedrich Ebert (FES) el 5 de octubre de 2023, se buscó conocer cómo estos gobiernos están logrando hacer una política de igualdad de género con perspectiva feminista.

Participaron como panelistas las expertas Teresa Valdés, de Chile, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad del país, que fue asesora en política de género del Ministerio de Salud y directora de la unidad de género del mismo ministerio entre 2014-2018; Matilda González, de Colombia, responsable LGBTQIA+ de la Dirección de Participación, Contacto con Víctimas y Enfoques Diferenciales de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas, instalada en el ámbito del proceso de paz, que fue secretaria del área Mujeres y Equidad de Género de la ciudad de Manizales en 2020; y Tatau Godinho, de Brasil, que fue responsable de Políticas de Trabajo y Autonomía Económica de las Mujeres en la Secretaría Nacional de Políticas para las Mujeres del gobierno de Dilma Rousseff, entre 2011-2016 y coordinadora de políticas públicas para las mujeres de la ciudad de San Pablo entre 2000-2004.

Los tres países tienen múltiples y grandes diferencias referidas a sus contextos y desarrollos, que inciden sobre qué logra y qué no logra hacer un gobierno de izquierda democrática. Asimismo, hay puntos en común en sus propuestas de igualdad de género.

Desde luego Boric fue el más osado al prometer un gobierno feminista, lo que jamás había sido expresado por un o una gobernante de América Latina. Para concretarlo, garantizó paridad en el gabinete (hasta la sobrepasó), puso una asesora de género en cada ministerio e integró a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género al Comité Político, el selecto grupo que conduce políticamente el gobierno.

La gran novedad en Colombia fue el nombramiento de una mujer y además afrodescendiente para la vicepresidencia. Francia Márquez, lideresa social muy carismática, por cierto tuvo mucha influencia para el éxito electoral. Gustavo Petro también prometió paridad en los ministerios e igualmente la sobrepasó en su primer gabinete. Sin embargo, la promesa no resistió a las reformas ministeriales que se siguieron y a la fecha las ministras son solamente un 42% del gabinete.

Lula prometió ampliar el número de mujeres en el gobierno, lo que hizo al poner casi un 30% de ministras, el mayor porcentaje que ya hubo en Brasil. Sin embargo, así como en Colombia, ya hubo retroceso: mientras tanto dos ministras fueron reemplazadas por ministros. En palabras de Matilda González, “si no se hacen unas concesiones no se podría gobernar, pero otra vez terminan perdiendo los mismos de siempre.” Es el costo de ser gobiernos que no tienen mayoría en todas las instancias parlamentarias y dependen de otras fuerzas políticas, incluso conservadoras, para gobernar.

Sobre todo Chile y Colombia vivieron en los años recientes procesos intensos de movilización y protestas de la sociedad civil, mientras en Brasil se vivió la frustración con los retrocesos desde el golpe parlamentario de 2016 y luego un gobierno de derecha extrema. Las tres candidaturas despertaron esperanza y tuvieron el apoyo de movimientos sociales, populares, feministas, comunidades indígenas, afrodescendientes y colectivos LGBTQIA+.

En los tres países los movimientos feministas y de mujeres se han diversificado y fortalecido en las últimas décadas y esta presión por cierto ha incidido para el destaque que la agenda de género adquirió en la propuesta de los gobiernos. Según Teresa Valdés, en Chile se han experimentado cambios positivos en la situación de las mujeres desde la vuelta de la democracia, impulsados por los movimientos feministas que desde los años 80 exigieron “democracia en el país y en casa”. Matilda González analiza que la instalación por Gustavo Petro del Ministerio de Igualdad y Equidad, que no existía, fue una respuesta a la sociedad civil muy organizada que está pidiendo cambios radicales, destacando a las mujeres, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, negras, palenqueras y LGBTQIA+. Tatau Godinho relata que los movimientos de mujeres y feministas en Brasil tienen un amplio espectro, contando también con la participación de los partidos de izquierda, el movimiento sindical progresista, grupos de mujeres negras, los movimientos populares y del campo.

Las coincidencias en la política de género que viene siendo implementada muestran, por un lado, que las mismas desigualdades se reproducen en sociedades distintas, y por otro, que las demandas de los movimientos feministas y de mujeres también son similares. Entre las prioridades definidas por los tres gobiernos están el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres, el apoyo a su autonomía económica y la construcción de una política nacional de cuidados. El Ministerio de las Mujeres de Brasil pone énfasis en las políticas públicas universales, “que a la vista no se ven por su contenido de género (como el aumento del sueldo mínimo, el acceso universal al agua y la electricidad), pero son centrales en particular para la población pobre, donde se ubican la mayoría de las mujeres negras, del campo e indígenas”, subraya Tatau Godinho.

Las tres experiencias se orientan por la directriz de transversalizar la política de género a todos los ministerios y demás áreas del gobierno. Desde luego esto es más consolidado en Chile: “Desde el año 2000 la ministra de la Mujer y la Equidad de Género solicita a todos los ministerios la entrega de Compromisos Ministeriales de Género, como instrumento para la transversalización de la perspectiva de igualdad de género, con metas anuales, que siguen los objetivos definidos para el período de gobierno”, relata Teresa Valdés.

Del mismo modo, comparten la perspectiva interseccional, por la cual se cruzan, en el diseño de las políticas, los determinantes de clase, raza y etnia, condición social, orientación sexual e identidad de género, origen urbano o rural y otros que definen la vida de las mujeres, consideradas en su diversidad y pluralidad.

Los derechos sexuales y reproductivos también están en la agenda. Hay matices entre los países en tanto al derecho al aborto, que es legal hasta las 24 semanas en Colombia por decisión de la Corte Constitucional, mientras en Chile y Brasil está despenalizado solo en tres causales.

Los gobiernos invierten en los cambios culturales: crear una cultura de igualdad (Chile), reponer la legitimidad de las relaciones sociales igualitarias en la agenda pública (Brasil), apuesta al simbólico (Colombia). No obstante, ello se da en medio a dificultades y contradicciones. En Colombia, Petro ha hecho algunos nombramientos para los ministerios que fueron muy cuestionados por los movimientos feministas. En Brasil, la propia composición del gobierno – una muy amplia alianza política – es compleja, pero sobre todo un congreso de mayoría conservadora y una fuerte bancada parlamentaria evangélica y católica actúan para bloquear avances. En Chile, el rechazo de la propuesta progresista de Constitución en 2022, la elección de un parlamento con sectores de ultraderecha y la mayoría conservadora del nuevo Consejo Constituyente son obstáculos a sortear.

Pese a ello, las tres experiencias representan un gran paso adelante en el esfuerzo de implementar políticas públicas con perspectiva feminista. Asimismo, quedó evidente desde el aporte de las tres panelistas que los movimientos feministas y de mujeres, LGBTQIA+, afrodescendientes, indígenas y otros tienen que estar movilizados para contrarrestar las resistencias conservadoras a los avances y a la vez hacer presión sobre los gobiernos para no retroceder en sus propuestas.

Beitragsbild: Yasmin Contreras